El Consejo de Ministros aprobó asumir el mantenimiento de la AP-4
El Gobierno central ha dado un importante paso adelante de cara a la supresión del peaje de la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz a partir del 1 de enero del próximo año. El Consejo de Ministros aprobó la licitación del mantenimiento de esta infraestructura, clave para la conexión entre las dos provincias, por un importe de 24,7 millones de euros.
Este contrato entrará en vigor en el momento en el que la infraestructura revierta el Estado tras caducar el próximo 31 de diciembre la concesión que actualmente explota Abertis.
El pliego de condiciones incluye la subrogación del personal que actualmente realiza las labores de conservación en la autopista. La licitación abarca el mantenimiento de la AP-4 desde el kilómetro 13,5 -la bifurcación de la N-IV en Dos Hermanas- hasta el kilómetro 105,4, en el término municipal de Puerto Real (Cádiz), donde la autopista desemboca en la CA-35 que conduce al Puente de la Constitución de 1812 sobre la Bahía de Cádiz.
La licitación también incluye el ramal de tres kilómetros de la AP-4 que se dirige a Dos Hermanas y que quedó fuera del itinerario principal una vez que entró en servicio la variante de Bellavista en 1999.
Los contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado tienen el objetivo de realizar los trabajos de servicios de comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de los elementos de la carretera, mantenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semaforización.
Además, se incluyen las labores de establecimiento de inventarios y reconocimientos de estado, agenda de información de estado y funcionamiento de la carretera, programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de los trabajos, actuaciones de apoyo a la explotación, estudios de accidentalidad e informes de seguridad vial.
Asimismo, se realizarán los trabajos de desbroce, fresados y reposición del firme, limpieza de cunetas, y en general, todas las labores de conservación ordinaria de las vías a su cargo.
La tramitación del contrato de conservación de la autopista Sevilla-Cádiz constituye un paso imprescindible de cara a la supresión del peaje. Estas labores correspondían hasta el momento a la empresa concesionaria y se sufragan mediante los peajes abonados por los usuarios en el tramo Jerez-Dos Hermanas y la aportación presupuestaria de la Junta de Andalucía, que financió en 2005 la supresión de la barrera de Jerez a cambio del pago de 10,8 millones de euros anuales a Abertis.
Historia
La concesión de la autopista AP-4 es una de las más antiguas de España, después de la Barcelona-Mataró y el tramo Barcelona-Granollers de la AP-7.
La autopista entró en servicio en 1972, aunque la concesión fue adjudicada en 1969 por un periodo de 24 años. Sin embargo, en 1977 fue prorrogada por primera vez hasta 1999 por el Gobierno de UCD presidido por Adolfo Suárez.
En 1986, la concesión fue ampliada por segunda vez por el Ejecutivo socialista de Felipe González hasta 2006. La tercera prórroga llegó en 1997, cuando el Ejecutivo del PP de José María Aznar decidió ampliar el plazo de explotación hasta el 31 de diciembre de 1999.
Valoración
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha valorado el anuncio del Consejo de Ministros como «un paso decisivo más en el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Andalucía para la eliminación del peaje, previsto el próximo 31 de diciembre».
Este contrato dará respuesta a «una reivindicación histórica que lleva plateando Andalucía con argumentos sólidos, ya que se trata de una infraestructura más que amortizada, no existe una carretera alternativa de alta capacidad y estamos ante una vía de comunicación de especial importancia para la provincia de Cádiz», aclaró Fernández.
«El Gobierno de España deja claro que la supresión del peaje existente en el tramo entre Dos Hermanas y Jerez de la Frontera es imprescindible y prioritario», ha insistido el delegado del Gobierno, pues su eliminación tendrá una incidencia directa sobre el desarrollo económico de la zona, «ya que permitirá la libre circulación de vehículos por una vía de comunicación estratégica para la vertebración territorial y los flujos comerciales en la región».
