La UPR de Sevilla tuvieron que hacer acto de presencia en San Juan del Hornillo
La demolición de la parcelación ilegal de San Juan del Hornillo necesitó la participación de la Unidad de Prevención y Reacción de Sevilla (UPR) para frenar las protestas de los vecinos, según publica hoy ABC.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la demolición subsidiaria de todo lo que se había construido en esta finca agraria situada en el término municipal de Dos Hermanas.
Se trata de más de 500 parcelas ubicadas en 23 hectáreas de la finca de olivar de San Juan del Hornillo situada en la carretera de Isla Menor a Los Palacios, cerca del parque periurbano de La Corchuela.
ABC publicó en su día una estafa por la venta ilegal de parcelas –por quedar fuera de la ordenación del PGOU- que se estaba llevando a cabo a través de Internet.
Además, la actuación venía avalada por una denuncia ante la Fiscalía presentada por los regantes del Bajo Guadalquivir junto al Seprona por un supuesto perjuicio.
Desde el verano hasta la fecha, las construcciones en esta parcelación ilegal de San Juan del Hornillo han ido aumentando, hasta alcanzar un valor de unos 800.000 euros, según informa ABC.
En la resolución del BOE se especificaba que hay que demoler las instalaciones, tanto del agua como de electricidad, el cerramiento de fachada de placas de hormigón, la cancela metálica y los bienes muebles y semovivientes, como contenedores y casetas prefabricadas, ordenándose su desalojo.
Una excavadora escoltada por agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se personó ayer en la finca y empezó a derribar el muro perimetral de las parcelas.
Al poco tiempo tuvo que detener su trabajo de demolición ante las protestas de los propietarios, continúa relatando ABC.
Ante este momento de tensión, se decidió suspender la demolición al no haber suficientes efectivos policiales que garantizaran con total seguridad este trabajo de derribo.
Transcurrida una hora aproximadamente, un grupo numeroso de antidisturbios llegaron en varias furgonetas para que se pudiera continuar estas tareas, tras rodear y desalojar a los ocupantes de las viviendas levantadas de manera ilegal en parcelas de 200, 500 y 1.000 metros cuadrados y sobre las que han llegado a pagar una media de 6.000 a 10.000 euros.
Un juzgado de Dos Hermanas ha iniciado también, a instancias del Seprona, diligencias judiciales por un posible delito medioambiental.
Igualmente, la comunidad de agricultores integrantes del Bajo Guadalquivir ya advirtió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la sustracción ilegal de agua de pozo, así como la sobreexplotación del acuífero y los vertidos residuales al arroyo que es de su propiedad para que iniciara las acciones oportunas, según informa ABC.
Hoy se espera que continúen las labores de demolición de estas construcciones ilegales en San Juan del Hornillo.
