El Ayuntamiento se ha comprometido a dar mayor información sobre la existencia de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda creada en 2012 ante la moción presentada por IU el pasado viernes en Pleno. El portavoz del equipo de Gobierno, Agustín Morón, explicó que “la mediación entre familias y entidades bancarias es constante y numerosa, aunque no la única actividad que la oficina desarrolla, ya que las gestiones se determinan en función de la demanda de los ciudadanos que acuden a la misma. Ahora bien, todas y cada una de sus actuaciones están encaminadas a proteger el derecho del ciudadano a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, cuando este derecho se encuentra amenazado o conculcado, utilizando todos los medios a su alcance, siempre dentro de la legalidad”, indicó.
Morón explicó que en la oficina se ha conseguido la suspensión de alzamientos judiciales, condonación de deudas, reestructuración de deudas hipotecarias, concertación de alquileres sociales y mejoras en los existentes, nulidad de cláusulas suelo y reclamación de cantidades y asistencia jurídica.
El portavoz insistió en que la oficina cuenta con el personal necesario para el desarrollo de sus actividades: una asesora jurídica municipal y un personal de apoyo administrativo aunque, “como en cualquier otro servicio municipal, en ocasiones puntuales cualquier refuerzo es bienvenido”.
El Protocolo a seguir en la oficina es el que marca el propio Programa de Defensa de la Vivienda: Prevención, Mediación y Protección. El 71% de los casos llega en la fase de Mediación, esto es, cuando el desalojo es ya inminente y la mayoría, un 85%, vienen derivados de la Delegación de Bienestar Social, según datos aportados por el edil. Un 18% de los casos corresponden a Prevención y un 11% a Protección.
El portavoz también destacó que en una primera etapa la colaboración con el Punto de Información de la Vivienda PIVE-15M “fue fluida y de complementación de actuaciones, también es cierto que los cambios en sus interlocutores ha hecho decaer esta colaboración, siendo sólo un 10% los asuntos derivados desde este colectivo”.
El portavoz informó que “los expedientes a que dan lugar las situaciones planteadas por los ciudadanos afectados, son distintos no sólo en su naturaleza sino en el tiempo de vigencia de los mismos. Es decir, si bien hay personas que en una o dos sesiones ven culminada su pretensión, hay otras cuyos procedimientos necesariamente se dilatan en el tiempo, bien por las numerosas gestiones a realizar, la complejidad de las mismas, la pluralidad de sujetos que intervienen en su procedimiento…”. También se declaró a la ciudad libre de desahucios.
Por otro lado, el Ayuntamiento estudiará los instrumentos necesarios, tomando como ejemplo a otras administraciones, para favorecer la participación ciudadana y obtener el certificado de calidad en transparencia. El objetivo de esta medida es conseguir la confianza de la ciudadanía, que los ciudadanos puedan ver y participar en la evaluación del Gobierno local.
Por último, en las comisiones pertinentes, se estudiará la propuesta del PP que pedía la puesta en marcha de un Pacto Local por el Empleo, fiscalizar las contrataciones y crear el Consejo Social de la Ciudad.
