El juicio, en el que intervendrá el jurado popular, se celebrará en el mes de abril por los hechos ocurridos en julio de 2020
Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 10 de abril en la Audiencia Provincial de Sevilla a una mujer acusada de asesinar a una pareja en el mes de julio del año 2020 en Dos Hermanas, hechos por los que la Fiscalía reclama para la encausada cerca de treinta años de cárcel.
De este modo, el día 10 de abril tendrán lugar la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que al día siguiente comparecerán la investigada -que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza por estos hechos desde el 27 de julio de 2020- y varios testigos; el día 12 declararán nuevos testigos, y el día 13 comparecerán los peritos.
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público pide para la acusada la pena de catorce años, once meses y veintinueve días de prisión por cada uno de los dos delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento con la atenuante de confesión y la atenuante analógica de anomalía o alteración psíquica, así como que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice con un total de 230.000 euros a los familiares de los dos fallecidos, así como en la cantidad de 1.249 euros por los daños ocasionados en el vehículo de uno de ellos.
La Fiscalía relata en su escrito, que tendrá que valorar el jurado popular, que la acusada vivía en Dos Hermanas, en una nave dividida en dos viviendas independientes, residiendo ésta junto con sus dos hijos menores de edad en la vivienda ubicada en la primera planta y estando ocupado el inmueble de la planta baja por las víctimas, quienes habían habilitado una parte para refugio de perros, animales que ellos mismos cuidaban. Todos ellos habían alquilado las viviendas que ocupaban a su propietario y llevaban residiendo allí varios años.
En este sentido, el Ministerio Público resalta que la relación entre la acusada y sus vecinos «era conflictiva, siendo continuas las disputas» entre la investigada y la mujer presuntamente asesinada, quien había referido a la primera en varias ocasiones «su intención de quitarle a sus hijos menores, creando» en la investigada «el temor de que intervinieran los Servicios Sociales y fuera apartada de sus hijos, siendo varias las denuncias cruzadas que se interpusieron en el año 2020».
Al hilo de ello, señala que los hechos tuvieron lugar sobre las 14.00 horas del día 24 de julio de 2020, cuando la acusada, «estando en el interior» de un turismo y «actuando de forma deliberada y guiada por el ánimo de hacer sufrir innecesariamente hasta la muerte» a la pareja, aprovechó el momento en el que se encontraban juntos en el exterior de su vivienda «desprevenidos y sin posibilidad de oponer defensa eficaz de sus personas» para, «de forma repentina y sorpresiva, embestirles violentamente» con el vehículo, lo que hizo «de forma reiterada en repetidas y seguidas ocasiones, golpeándoles y lanzándoles con violencia contra los elementos constructivos de la vivienda, causándoles con ellos importantes traumatismos y fracturas».
La acusada confesó los hechos
Seguidamente, y «encontrándose ambas víctimas en el suelo gravemente malheridas y sin posibilidad de repeler el ataque», la acusada «les propinó numerosos golpes con una piedra o ladrillo que encontró en el lugar en cabeza y cara», tras lo que, «de forma decidida, con clara intención de causar un padecimiento adicional a sus vecinos y de asegurar un resultado de muerte y, por ende, con claro ánimo de arrebatarles la vida», entró en la vivienda de los fallecidos y cogió de la cocina un cuchillo con el que «asestó múltiples puñaladas a ambos en diferentes zonas corporales (…), logrando su objetivo de poner fin a la vida de ambos».
Dos agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos tras recibir una llamada informando de un atropello y riña entre varias personas, de forma que, al llegar, encontraron los cuerpos de los dos fallecidos «tumbados en el suelo sobre charcos de sangre y con evidentes signos de violencia», momento en el que la acusada se dirigió a ellos diciéndoles frases como «estoy aquí, he sido yo quien los ha matado; que ya estaba harta de que me amenazaran y a mis hijos no me los quita nadie; un momento que me estaba duchando y recogiendo mis cosas para irme a la cárcel; que no quiero ir sin mis cosas a la cárcel».
Posteriormente, tanto en sede policial como en el Juzgado, la investigada reconoció los hechos, efectuando un relato «detallado» de los mismos y explicando «de forma pormenorizada» la forma de comisión y los medios empleados para ello, manifiesta el Ministerio Público, que considera que, al cometer los hechos, la encausada padecía un trastorno por consumo de cannabis de larga evolución y un trastorno mixto de la personalidad con rasgos límites y paranoides, teniendo alteradas de forma leve sus capacidades intelectivas o de comprensión de los hechos y de forma moderada-importante sus capacidades volitivas o de reacción respecto a los mismos.
Estos son los hechos que deberá juzgar el jurado popular.
